Según información publicada en el Diario Oficial, el gobierno de Guatemala ordenó la salida del país de once funcionarios más y dos familiares de la CICIG dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de la notificación. Sin embargo, aún no se ha enviado a la CICIG ninguna comunicación oficial por los canales diplomáticos habituales.
En septiembre de 2018, se prohibió el reingreso al país al titular de la CICIG, el comisionado Iván Velásquez, y el gobierno declaró que no renovaría el mandato de la CICIG después de septiembre de 2019.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica, declaró: “La CIJ considera que esta nueva medida está diseñada para obstaculizar las investigaciones penales contra altos funcionarios gubernamentales acusados de corrupción”.
Lo que debes saber de la CICIG
La CICIG financiamiento ilícito actúa como fiscal especial en casos graves de corrupción y otros delitos y realiza investigaciones para identificar a los responsables. Las personas a las que se les ha pedido salir del país son los abogados, policías y fiscales que investigan importantes casos de corrupción, como el caso ‘La Línea’, en el que se ha imputado al ex Presidente y al Vicepresidente, y otros casos entre los que se encuentran dentro de la Policía Nacional.
Ramón Cadena continuó: “No puede escapar a la atención de nadie que uno de los investigadores de la CICIG a quien se le ha pedido que abandone el país es el responsable del caso de corrupción que involucra al Registro General de la Propiedad, que supuestamente implica tanto al hijo como al hermano del presidente Jimmy Morales”.
Esta nueva medida del gobierno afecta gravemente el estado de derecho y constituye una flagrante violación del artículo 10 (4) del acuerdo constitutivo de la CICIG suscrito entre Guatemala y la ONU, que establece:
“El Gobierno se compromete a brindar a la CICIG y a su personal la seguridad necesaria para la realización efectiva de las actividades de la CICIG en todo Guatemala, y a proteger al personal de la CICIG, sea nacional o internacional, de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación, en virtud de su condición de personal o de su trabajo para la CICIG”.
Cadena agregó: “Es profundamente lamentable que precisamente el personal de la CICIG que actúa en casos de alto impacto esté siendo objeto de estas medidas por su labor de lucha contra la corrupción y la impunidad. Es claro que el gobierno busca desviar a la CICIG de su camino”.
Además, de acuerdo con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU, No. 16: “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia indebida…”