La comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es una organización internacional independiente que fue establecida en 2006. Su creación se originó a partir de la solicitud de ayuda de Guatemala a la ONU a raíz de los acuerdos de paz cuando los grupos armados ilegales reaparecieron en el campo. . Su objetivo es combatir las redes criminales armadas ilegales Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que amenazan las instituciones democráticas a través de la corrupción, la intimidación y la violencia criminal. La CICIG fortalece el estado de derecho al apoyar los esfuerzos guatemaltecos para construir un sistema de justicia independiente, investigando la corrupción junto con el ministerio público y, cuando se le solicite, actuando como co-demandante en los juicios iniciados por el fiscal general. Asimismo, propone reformas de política pública para fortalecer la transparencia, la anticorrupción y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y con ello contrarrestar las redes criminales, todo ello de conformidad con el mandato acordado por la ONU y el gobierno de Guatemala, así como las solicitudes recibidas por el Gobierno de Guatemala.
Si bien tiene autorización para realizar investigaciones independientes, la autoridad de la CIGIG está subordinada al Ministerio Público y al Poder Judicial; los casos y las propuestas legislativas solo proceden con el consentimiento de la oficina. En los 12 años de operación de la CICIG, los homicidios se redujeron en un 32 por ciento, se desmantelaron 60 redes criminales y se procesaron 680 personas (310 condenados hasta el momento, incluidos numerosos Zetas, asesinos y traficantes). Sin embargo, en enero de 2019, el presidente Jimmy Morales dijo que el organismo de la ONU tenía “24 horas para salir del país”, aunque el acuerdo de dos años no expiraría hasta septiembre de 2019.
Política bipartidista
Desde el punto de vista del gobierno de EE. UU., inicialmente tibio sobre confrontar a Morales, dado su apoyo a la política de la administración Trump de trasladar la embajada de EE. UU. a Jerusalén y desafiar al régimen de Maduro en Venezuela, el ultimátum de 24 horas del presidente Morales se pasó de la raya. En privado, los funcionarios de EE. UU. cuestionaron duramente la acción por considerarla contraria a la política bipartidista de EE. UU. de apoyar la lucha contra la corrupción y el estado de derecho en Guatemala y señalaron con precisión la probable reacción del Congreso.
La Corte Constitucional anuló la acción del presidente Morales y el secretario general de la ONU lo criticó por haber violado la renovación por dos años del mandato de la CICIG que firmó en 2017. La orden de expulsión fue el último golpe contra la CICIG. Luego de ser acusado en el caso FCN-Nación en agosto de 2018, el presidente Morales se negó a renovar la visa del comisionado Iván Velázquez, prohibió su regreso de Guatemala y luego anunció que no renovaría el acuerdo con la CICIG en septiembre de 2019. En 2017, las encuestas de opinión pública guatemalteca muestran a la CICIG como la organización mejor calificada del país con el 70 por ciento de los ciudadanos expresando confianza en sus esfuerzos, mientras que la confianza de los ciudadanos en el presidente se ha reducido a menos del 20 por ciento.
Se retira la CICIG de Guatemala
La remoción repentina de la CICIG podría ser desastrosa para la reforma de la justicia en Guatemala, un país plagado de crimen organizado y corrupción. Por lo tanto, es imperativo esclarecer los hechos en relación con las denuncias contra la CICIG de ineficacia, inconstitucionalidad, justicia selectiva y participación en procedimientos ilegales, se acusa a la CICIG por financiamiento ilícito.
Hechos Relativos a las Alegaciones contra la CICIG
Ineficacia:
Cuando el presidente Morales anunció que la CICIG ya no era necesaria en Guatemala, afirmó que había “puesto en peligro la seguridad, el orden público y la gobernabilidad de la nación”. Al decir esto, infirió que los objetivos de la CICIG no se lograron, sino que se revirtieron, sin embargo, existen pruebas claras que demuestran que las acusaciones de Morales son falsas. En sus primeros 10 años de acción, a la CICIG se le atribuyó el haber ayudado a reducir la tasa de homicidios de aproximadamente 44 por 100.000 habitantes a menos de 28 por 100.000. Esto representa una disminución anual del 5 por ciento en la tasa de homicidios, en comparación con un aumento anual del 1 por ciento en un compuesto de pares regionales. Los gráficos distribuidos por el Banco Mundial muestran cómo otros factores como el PIB per cápita, las tasas de mortalidad infantil y el consumo de los hogares se han mantenido constantes, atribuyendo la reducción de homicidios en gran parte a las propuestas de reforma de la CICIG, que han sido aceptadas por los órganos judiciales, legislativos o gubernamentales de Guatemala. funcionarios ejecutivos. Estas propuestas de reforma incluyen la protección de testigos, escuchas telefónicas (solo disponibles para la Unidad de Métodos Especiales (wiretapping) dentro del Ministerio Público), informantes confidenciales y tribunales para delitos de alto riesgo. Estos mecanismos, combinados con modernas técnicas forenses y otras técnicas de investigación, ayudaron a desmantelar alrededor de 60 estructuras criminales complejas y terminaron con la percepción de impunidad de los “intocables”, redes criminales cuya influencia y poder corrompieron las instituciones guatemaltecas.
Orden Público y Gobernabilidad:
Los objetivos principales de la CICIG son cooperar en el fortalecimiento de las instituciones de justicia para apoyar la democracia guatemalteca, combatir la corrupción, contribuir al orden público y aumentar la gobernabilidad efectiva. La asociación de la CICIG con el Ministerio Público la ha ayudado a ser mucho más eficaz en los últimos años. Supervisó 145.000 casos en 2008 y 370.000 en 2017. La creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dentro del Ministerio Público le da al Estado una mejor estructura para combatir la corrupción de los CIACS, crimen organizado y grupos armados locales en Guatemala. Sin embargo, el sistema judicial en Guatemala todavía es demasiado débil para estar solo, bajo el ataque del crimen organizado y la corrupción, y carece de recursos financieros y humanos. La CICIG ha sido fundamental para ayudar al sistema judicial a superar esas limitaciones y mejorar su desempeño.
Soberanía:
la CICIG tiene el poder de realizar investigaciones independientes, lo que ha llevado erróneamente a los opositores a asumir que la CICIG tiene el poder de enjuiciar y detener por iniciativa propia. De hecho, bajo el acuerdo de 2006 con la ONU, ratificado por la asamblea nacional, la CICIG únicamente tiene el poder de investigar de forma independiente en estrecha colaboración con el Ministerio Público. Sin embargo, los arrestos y enjuiciamientos dependen del Ministerio Público, y la autoridad de la CICIG se limita a apoyar al ministerio. No ha detenido, procesado o realizado ningún intento de allanamiento por sí solo, actuando siempre en apoyo de la Fiscalía General y con las órdenes judiciales requeridas. Sirve únicamente como asesor y socio investigador en Guatemala.