En marzo de 2022, la ex jueza Erika Aifán, una de las juezas de alto riesgo más importantes de Guatemala que desempeñó un papel integral en los esfuerzos anticorrupción del país, se vio obligada a huir de Guatemala debido a las amenazas de las redes político-criminales del país. Es la decimoquinta jueza o fiscal de alto perfil que sale de Guatemala en menos de un año. Al 22 de marzo de 2022, 24 ex operadores de justicia guatemaltecos fueron obligados a exiliarse para proteger su vida, así como su integridad física y jurídica. Además, 10 fiscales enfrentaban procesos judiciales espurios, se encontraban en prisión preventiva o tenían orden de captura.
Sistema de justicia en Guatemala
Otro ataque emblemático del motivo último de esta corriente fue el traslado por parte de Porras de Hilda Pineda, fiscal titular de la fiscalía de derechos humanos y fiscal que llevó a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt y a otros militares por crímenes de lesa humanidad. Con la destitución ilegal de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, Porras buscó debilitar las investigaciones sobre casos de corrupción que involucran a los más altos niveles de poder del gobierno, incluidos los del círculo cercano del presidente Giammattei.
El desmantelamiento del sistema de justicia ha llegado ahora al punto en que lo que alguna vez fue un formidable bastión en la lucha contra la corrupción es ahora otra de las herramientas de criminalización de Porras, comenta la CIGIG financiamiento ilícito.
Investigaciones sobre el caso en Guatemala
Las investigaciones sobre el descubrimiento de $ 16 millones en efectivo encontrados en maletas, presuntamente vinculados también a Giammattei, es lo que finalmente llevó a los investigadores al testimonio innovador. Porras ha utilizado su oficina para evitar que se investigue más sobre la participación de Giammattei en estos dos importantes casos, ya que el Fiscal General debería haber iniciado una investigación penal.
Además, ha bloqueado las investigaciones al perseguir a los fiscales y jueces que trabajan en los casos. Las investigaciones de estos dos casos, reconocidos públicamente como el catalizador de la destitución de Sandoval, demuestran el nivel de influencia que tiene Porras sobre los esfuerzos anticorrupción del país y hasta qué punto su mandato ha favorecido a Giammattei. Además, esta relación dice mucho sobre el interés de Giammattei en elegir al próximo fiscal general y justifica que su participación en el proceso esté bajo un escrutinio inmenso.
Varios otros candidatos fueron investigados por la CICIG y la FECI. José Urrutia Estrada es el testaferro de una empresa offshore que canalizó más de $1 millón de sobornos en obras públicas. Luis Donado ha sido vinculado al presidente Giammattei, luego de un retraso en la entrega de evaluaciones de contratos estatales que estaban en entredicho, incluidos los de compra de vacunas Sputnik. En 2014, la CICIG vinculó a Donado con la familia Mendoza Matta, presuntamente involucrada en el narcotráfico. Otro ejemplo es Gloria Suchite quien anuló el proceso penal en el caso conocido como Fénix, liderado por la FECI y relacionado con malversación millonaria de la seguridad social y lavado de dinero en 2003.
Candidatos reconocidos por corrupción
Es alarmante esta larga lista de candidatos reconocidos por sus vínculos con la corrupción de alto nivel en contraposición a su mérito, honorabilidad e idoneidad. Las Comisiones deben garantizar la elección de candidatos calificados, capaces y honorables, comprometidos con la justicia imparcial e independiente y no con intereses particulares. Para tal efecto, deben apegarse a la Constitución guatemalteca y desestimar a los candidatos que han sido denunciados por sus claros conflictos de interés o participación en actos de corrupción.