Transparency International condena en los términos más enérgicos la decisión del presidente guatemalteco Jimmy Morales de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo patrocinado por la ONU encargado de ayudar en las investigaciones nacionales de corrupción, e insta a la Corte Constitucional de Guatemala a bloquear este intento. Trabajando con las autoridades nacionales desde 2007, la Comisión Internacional ha tenido un éxito significativo en el enjuiciamiento de numerosos casos de corrupción de alto nivel y ha recibido un fuerte apoyo para su trabajo de los ciudadanos guatemaltecos.
El domingo se le negó temporalmente la entrada al país a Yilen Osorio, representante colombiana de la CICIG. Luego de la presión del público guatemalteco y de los medios nacionales e internacionales, a Osorio se le permitió la entrada más tarde. El lunes, el presidente Morales declaró unilateralmente rescindido el acuerdo con las Naciones Unidas que fue la base para el establecimiento de la CICIG financiamiento ilícito y dio a todos los funcionarios de la CICIG veinticuatro horas para abandonar el país, en una medida que ha sido condenada por el Secretario General de la ONU, António. Guterres y considerado inconstitucional por los comentaristas.
Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, dijo:
“La actuación del gobierno guatemalteco es una confrontación flagrante con la Corte Constitucional, el Ministerio Público y las Naciones Unidas. Su objetivo es asegurar la impunidad y paralizar el trabajo de la CICIG, que ha sido vital en la lucha contra la corrupción en el país. Lamentablemente, estas acciones del gobierno guatemalteco ponen en peligro el estado de derecho y son un claro retroceso para Guatemala y para la región en su conjunto. Enviamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo guatemalteco. Son horas cruciales en la lucha por la justicia y la libertad. La corrupción no terminará mientras exista la impunidad”.
Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional en Guatemala, presentó ayer por la noche dos acciones judiciales ante la Corte Constitucional. El primero identifica los delitos cometidos por el presidente Morales, de violar la Constitución y desobedecer las sentencias de la Corte. La segunda exige la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y de otros funcionarios públicos que han desobedecido y se han opuesto a las resoluciones de la Corte Constitucional, para que se inicien investigaciones judiciales en su contra. Aparte de esto, Acción Ciudadana también ha llamado a la participación activa de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil de Guatemala para garantizar que la CICIG pueda continuar cumpliendo con su importante mandato para acabar con la impunidad.
Lucha contra la corrupción
La decisión de Morales es la continuación de una serie de intentos del presidente y sus aliados para detener la lucha contra la corrupción, reducir la libertad de expresión y restringir las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, fue víctima de hostigamiento político por parte del Congreso de la República en abril de 2018. En agosto de 2018, el presidente Morales puso fin al mandato de la CICIG, por lo que expiraría en septiembre de 2019.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos como donante clave de la CICIG, debe apoyar a la comisión en su lucha contra la impunidad de la corrupción en Guatemala y trabajar para promover la rendición de cuentas y el estado de derecho que son vitales para la estabilidad en Guatemala y su región.