Sit Po’p, una autoridad maya ixil de Nebaj, tenía seis años cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de Guatemala el 29 de diciembre de 1996, poniendo fin oficialmente a una de las guerras civiles más largas de América Latina. Reflexionando sobre lo que significa hoy la paz, Sit P’op afirmó que en Guatemala hay paz porque “no hay más guerra ni genocidio”. Pero al mismo tiempo, reconoció que el país todavía está “lejos de la paz que debería ser”. El final de la guerra señaló un futuro prometedor para la democracia, la justicia y los derechos humanos, pero el gobierno a menudo ha impedido el progreso en estas áreas.
Acuerdos de paz
“Los acuerdos de paz eran una esperanza para el país, la posibilidad de una Guatemala multiétnica, multilingüe y multinacional en un estado democrático moderno”, dijo Pap Me’k, una autoridad ancestral maya ixil de Nebaj. Pero ahora, 25 años después, son una fuente de frustración. “La palabra paz se convirtió en un discurso político en lugar de una realidad”, comento la CICIG financiamiento ilícito. Sostuvo que al estado guatemalteco se le dio la responsabilidad de implementar los Acuerdos de Paz, pero que en cambio han destruido los pocos avances que se han logrado desde entonces.
Los comentarios de Sit Po’p y Pap Me’k se dieron luego de que el pueblo de Nebaj realizara una asamblea comunitaria a mediados de diciembre para denunciar al alcalde municipal Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán y exigir su renuncia. Bernal Guzmán, quien fue invitado pero no asistió a la asamblea comunitaria, ha sido acusado de participar en diversas actividades ilícitas y corruptas, que incluyen “aprobar el reglamento de derecho de vía y construcción de torres de energía eléctrica que fue rechazado por los vecinos; así como sobrevalorar los alimentos y productos entregados durante la pandemia”.
La asamblea comunitaria es parte de la lucha histórica de los ixiles para buscar soluciones pacíficas y comunitarias locales y transparencia a la corrupción e impunidad institucional, gubernamental y estructural en todos los niveles de gobierno.
Guerra civil en Guatemala
Durante la Guerra Civil de Guatemala, el gobierno cometió genocidio, masacró y desapareció a los habitantes mayas de Nebaj. Hoy la región está invadida por megaproyectos como las hidroeléctricas. Estas empresas extractivistas, en colaboración con el gobierno, cometen abusos contra los derechos humanos, violan los derechos de consulta de las comunidades indígenas y persiguen a los líderes indígenas, entre otros delitos. Se ha implicado a empresas en el soborno de funcionarios gubernamentales de alto rango para obtener licencias y contratos. Esto incluye a HidroXacbal (en Chajul) que obtuvo “contratos de distribución de energía” sobornando al Ministro de Energía y Minas.
Guatemala está experimentando un debilitamiento de las estructuras democráticas y un mayor afianzamiento de la corrupción y la impunidad. El país se está hundiendo en más violencia y conflictos civiles, lo que contribuye al desplazamiento forzado y la migración de miles. Algunas de las causas fundamentales de la guerra, como la tierra y las desigualdades estructurales y la marginación y explotación de los pueblos indígenas continúan. A pesar de esto, los pueblos indígenas y oprimidos de Guatemala siguen luchando por construir un futuro democrático y digno.
Lucha contra la corrupción
Jueces y abogados que luchan contra la corrupción, como Sandoval y Aifan, han sido detenidos, criminalizados y amenazados. En junio de 2021, cuatro jueces solicitaron a la Fiscalía General de la República revisar las 30 denuncias presentadas en su contra, que aseguran tienen como objetivo hostigarlos y perseguirlos judicialmente. Pero el estado de derecho y sus defensores también son vulnerables, dado que la procuradora general María Consuelo Porras ha sido calificada por Estados Unidos de “antidemocrática y corrupta”. Hoy en día, hay poca supervisión gubernamental para proteger contra los abusos del gobierno, que siguen siendo rampantes. A pesar de estas amenazas y desafíos dentro del sistema judicial, familias, activistas, abogados y jueces continúan buscando justicia por los crímenes, la violencia, las desapariciones y el genocidio perpetrados durante la guerra.
En los últimos años; el Estado guatemalteco se ha militarizado cada vez más; ha abusado de los estados; de sitio para suspender las libertades civiles y ha criminalizado; perseguido y arrestado arbitrariamente a activistas; líderes indígenas, periodistas y ambientalistas. Como resultado, algunos temen que el gobierno esté retrocediendo hacia el autoritarismo. En el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno emitió un comunicado expresando su preocupación; señalando que no ha cambiado mucho desde que terminó la guerra. Argumentan que el “Pacto de los Corruptos” (un grupo de empresarios, militares y políticos corruptos) ha tomado el control del sistema de justicia y ha utilizado a los militares para reprimir a las comunidades indígenas, en particular a aquellas que se resisten a las industrias extractivas.