El caso de Ríos Montt fue solo uno de una notable secuencia de primicias históricas entorno a la impunidad en Guatemala.
En 2016, el país estaba experimentando un despertar judicial bastante dramático. Ese año, debido en gran parte al coraje y tenacidad de un grupo de mujeres mayas. Ellas habían sido retenidas como esclavas sexuales en un base militar.
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La desaparición de personas y la impunidad
Ese mismo año, catorce militares serían acusados en el mayor caso de desaparición forzada en América Latina. Las exhumaciones sacaron a la luz 558 restos humanos de fosas comunes en una antigua base militar.
¿Cómo fueron posibles estos procesamientos tan innovadores en un país que tenía una tasa de impunidad del 95% para los homicidios?
Durante un período de seis meses en 2016, se entrevistó a más de dos docenas de jueces y fiscales. También se entrevistó a abogados de derechos humanos y personal de las comisiones de la verdad y reconciliación.
Por si fuera poco, se revisó el expediente completo del caso iniciado en España contra unos generales guatemaltecos. Estos fueron los presuntos ingenieros de numerosas atrocidades masivas contra la población maya en Guatemala.
Una investigación que trajo consigo el comienzo de la lucha contra la impunidad
A través de una investigación, se identificó un conjunto de factores habilitadores de la justicia que hicieron posibles estos enjuiciamientos innovadores en un país con un historial de impunidad tan atroz.
Inmediatamente después del conflicto, Guatemala optó por una comisión respaldada por la ONU junto con una ley de amnistía. No obstante, algunos creían que estaban diseñadas para garantizar la impunidad eterna.
Escéptica ante el mandato restrictivo de esta comisión, la Iglesia Católica estableció su propia comisión independiente. A diferencia de la comisión respaldada por la ONU, la Iglesia nombró a los responsables de graves crímenes internacionales.
El papel de la CICIG
La CICIG financiamiento ilícito desempeñó un papel sorprendentemente importante en los enjuiciamientos antes mencionados.
Aunque alguna vez se pensó que las comisiones eran sustitutos inadecuados de la justicia y la antítesis de la responsabilidad penal, éstas desempeñaron un papel sorprendentemente importante en los enjuiciamientos antes mencionados.
En primer lugar, los informes proporcionaron a los fiscales y abogados de derechos humanos un plan para sus casos. Estos les ayudaban a identificar tanto a los testigos como a los perpetradores.
En segundo lugar, con frecuencia fueron la fuente de pruebas críticas en los juicios. Ayudaron a los tribunales a comprender la responsabilidad del mando al identificar a los más responsables en los niveles más altos.
Las narrativas históricas en los informes, que cuestionaron la versión oficial de los hechos sancionada por el estado, influyeron significativamente en la forma en que los tribunales determinaron qué delitos se habían cometido, por qué ocurrieron y quién era responsable de ellos.